Ricard Martínez.

 En el mundo de la protección de datos personales se han vivido con regularidad cíclica ofertas formativas generalmente vinculadas a nuevos proyectos normativos. En muchos casos, en estos procesos de enseñanza se daba una relación de precio inversamente proporcional al de la calidad, y el coste era particularmente alto.

En los últimos tiempos examino propuestas que incluyen un elemento adicional y nuevo: la crisis. Muchos profesionales obligados a abandonar sus sectores de origen son tentados por buhoneros i mercachifles de la LOPD que te permiten desarrollar una nueva actividad profesional con “sólo una mañana de formación”. Por otro lado, es una constante el planteamiento de cursos aparentemente rigurosos a precios que no siempre lo son tanto.

Llegados a este extremo ¿cómo debo elegir un curso?

Estudiar, estudiar, estudiar

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y sus normas de desarrollo son productos normativos de textura abierta al conjunto del Ordenamiento Jurídico. No nos enfrentamos a un cuestionario test en el que marcar crucecitas. Desde luego no hay que negar la realidad, inscribir un fichero sí se puede aprender con un esfuerzo relativamente bajo. Pero a partir de aquí la cuestión ya no es tan sencilla. En una mañana ni nos van a enseñar cómo implementar políticas de seguridad rigurosas, ni podremos ser capaces de responder a preguntas del tipo ¿tengo interés legítimo para tratar estos datos? Seamos serios, si a Vd. le dicen que será capaz de desarrollar su actividad profesional con un magnífico programa con sólo una mañana, o unos días de esfuerzo: le están mintiendo. Y sinceramente sólo le deseo que algún cliente en el futuro le exija responsabilidad civil con la correspondiente indemnización.

Por otra parte, es fundamental evitar una confusión. Con ocho horas Vd. no aprenderá la LOPD, pero con ochenta y cinco tampoco. La regulación sobre privacidad necesita de uno o dos cursos COMPLETOS, y del auxilio indispensable del aprendizaje sectorial de materias informáticas, y sobre salud, publicidad, marketing, financieras, propiedad intelectual, telecomunicaciones …

© Arnau Martínez Benavent

Valga un ejemplo. Este verano, en la Asociación Profesional Española de Privacidad dedicamos periodos de un mes a aprender ciertos ámbitos específicos. Tuve el honor de colaborar en el ámbito de la videovigilancia. Nuestros estudiantes manejaron una guía de estudio talludita, los materiales de apoyo desbordaban un archivador de esos antiguos y los debates en el foro se alargaron durante horas. Y esto sólo para un ámbito en el que, sin entrar en aspectos relacionados con los procesos penales, debimos examinar la tecnología y sus implicaciones en seguridad pública y privada, menores, la definición técnica de los ámbitos de grabación, el uso informal de videocámaras en entornos privados … Y aquí me detengo por no aburrir al lector. Si alguien le vende aprender la LOPD en 100 horas, mejor dedique los mil euros a comprar los 10 mejores manuales sobre esta materia y sea autodidacta.

Programa, programa, programa…

Para ser capaces de escoger una oferta formativa lo primero que hay que verificar es el programa y sus contenidos. Debemos cotejar el temario que se nos propone con el índice de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Además, es conveniente realizar una excursión al Canal de documentación de la Agencia Española de Protección de Datos para contrastar la propuesta con los Informes y Guías que allí podremos encontrar,

En segundo lugar, y no menos importante, es fundamental verificar la identidad del profesorado. Recientemente he visto una interesante oferta de curso cuyo programa era con mucho bastante más breve que este Post y cuyos profesores no aparecen por ningún lado. No puede matricularse en un curso “sin profesores”. Si Vd. desea formarse, o continuar su formación en una materia de vanguardia, en constante evolución y de una complejidad extrema cuando se entra a considerar aspectos sectoriales  como seguridad, policía, videovigilancia, menores, solvencia, blanqueo… Pero incluso, si se identifica al profesorado. No se preocupe googleelo, no infringe ninguna Ley con ello, son profesionales públicos sujetos a su escrutinio. Y además, tómese la molestia de visitar Dialnet y verificar si su profesor ha publicado 10 páginas sobre la materia.

Título oficial, homologado o certificado.

Otro de los trucos para la captación de incautos es usar conceptos como oficial u homologado. Esto da una enorme tranquilidad, casi tanta como esos jarabes milagrosos curalotodo que los buhoneros colocaban en el Viejo Oeste Americano, y hoy nos venden a horas insomnes en la televisión. “Si es oficial o está homologado hay que hacerlo”. ¿Pero homologado por quién? En los casos de marras, el homologador, la oficialidad suele venir del propio oferente. Basta añadir epítetos del tipo “profesional” o “centro superior de” y el timo se coloca solito.

Sin embargo desde un punto de vista riguroso homologado u oficial significa respaldado por una institución pública con capacidad para reconocer competencias profesionales. Y esto en España significa para empezar el Ministerio de Educación. Otro sujeto con capacidad para ello sería el ministerio del ramo sectorial, o institución dependiente de él como el INEM o el SEPE, con capacidad para ello. El respaldo por excelencia es una Universidad y en un plano menor un Colegio Profesional.

La guinda viene de la mano de la certificación. ¿Quién certifica? ¿Es una organización seria y consolidada? ¿Existe un comité científico o académico que asegure los contenidos y la calidad? ¿Existe algún modelo de corrección confiable? ¿Se certifica sólo por la asistencia o existe un examen riguroso? ¿Hay instituciones o empresas que lo requieren? Espero que el papel que acredita el título sea muy suave porque sólo le servirá para un uso si su curso lo ha certificado alguien que carece de marchamo “oficial” en el sentido del párrafo anterior, sin un programa riguroso, con un profesorado carente de prestigio y con de ocho a cien horitas de formación.

Cuidado con las novedades.

Al amparo de la Propuesta de Reglamento General de protección de Datos surgirán procesos de formación, seguramente algunos de ellos a precio de manual de búsqueda del Santo Grial. Desconfíe cuando den la norma por aprobada, cuando le atraigan con la angustia de no saber. Si necesita saber el estado de tramitación la Comisión Europea se lo ofrece gratis. Otra cosa, es que le ofrezcan actividades de seguimiento, le informen sobre ciertas novedades que pueden ser útiles, -incluso aunque no se aprueben-, o la norma este próxima a su aprobación y exista la certeza de que ésta se va a producir.

La formación reglada o no debe ser de calidad.

No hay más secreto. Hay algo mucho más importante que el título en sí mismo. La calidad en los contenidos, el profesorado junto con la seriedad del oferente conforman el coctel perfecto que conviene identificar. Que no le vendan duros a cuatro pesetas, los milagros no existen.

Aprovechar la ansiedad profesional de personas en paro, o de recién egresados con pseudo-estafas formativas resulta sencillamente abominable. Por otra parte, supone lanzar al mercado “expertos” que asesoran en un campo sensible, el de los derechos fundamentales, y trasladan a sus clientes el riesgo inmenso de incumplir una Ley con severas multas. No se deje engañar, piénselo dos veces antes de contratar esos cursos.

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